ARTICULOS DE OPINIÓN

Entrevista con Loïc Wacquant, publicada originalmente por www:planetaportoalegre.net

 

Los parias de las ciudades

Loïc Wacquant, Revista Tiempos Modernos

Critico implacable de las políticas que reprimen a los desamparados, en "Parias Urbanos", editado por Manantial, analiza la despiadada multiplicación de las desigualdades en el corazón de las metrópolis.
Favia Costa

Para Wacquant, estamos ante una nueva marginalidad, una nueva era en la historia de la pobreza.

Desde Blade Runner para acá, se ha vuelto cada vez más habitual la idea de que las grandes urbes se dirigen, de manera más o menos inexorable, hacia ese modelo que Manuel Castells bautizó "ciudad dual": lo que era un espacio común se fractura en dos territorios polarizados, opulentas zonas residenciales; miserables enclaves de pobreza y marginalidad, cada vez más distantes entre sí.

Lejos de aceptar esta imagen como el único futuro posible, el sociólogo francés Loïc Wacquant se propuso demostrar que tal proceso no tiene nada de natural o irrefrenable. En su libro Parias urbanos, recién editado en castellano por Manantial, este investigador del Collège de France y docente de la Universidad de Berkeley rastrea los orígenes de la concentración espacial de la miseria, la retracción del Estado social, la desregulación de la econonomía, la precarización del empleo, y busca alternativas para frenar ese movimiento.

Reconocido discípulo de Pierre Bourdieu,con quien escribió Respuestas por una antropología reflexiva, hace rato que Wacquant viene trabajando en estos temas. Su recorrido incluye estudios comparativos sobre la desigualdad urbana; la dominación racial; las políticas de criminalidad; la teoría sociológica. Su último libro integra de hecho una trilogía sobre las causas, el funcionamiento y los efectos de la marginación, que comenzó con Las cárceles de la miseria (ya traducido a trece idiomas) y se completa con Punir los pobres, que saldrá en castellano a fin de año.

Invitado al país por la Universidad de Buenos Aires para dar una serie de conferencias, Wacquant se mostró no sólo un conversador entusiasta, sino un observador preciso de la realidad actual, inclusive la argentina. En este diálogo habla de su último libro, para escribir el cual, entre otras cosas, se hizo boxeador ("Quería hacer un trabajo de campo con los jóvenes del gueto negro de Chicago y me anoté en un gimnasio de box. Terminé disputando el Gran Torneo de la ciudad"). Además, traza una comparación entre un gueto norteamericano, un barrio periférico de París y una villa miseria. Explica por qué en los últimos años se desarrolló un "nuevo régimen de marginalidad" que nos convierte a todos en potenciales parias urbanos. Y contra el prejuicio que opone "crítica teórica" a "práctica política", defiende la capacidad creativa de la teoría social para intervenir y modificar la realidad.

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¿Cómo es que llegó a este libro? ¿Cuáles eran las principales preguntas que guiaron su investigación?

Este trabajo nació de un doble shock existencial: en 1985 me mudé a Chicago para hacer mi doctorado en Sociología y tomé un departamento muy cerca del gueto negro, en el límite entre el opulento barrio blanco de Hyde Park, el área alrededor de la Universidad, con una fuerte policía privada y "teléfonos de emergencias" en cada cuadra y el pobre, deprimente y peligroso barrio negro de Woodlawn. Era como vivir en una frontera racial y de clase: no podía dejar de sentir temor y a la vez me preguntaba cómo podía la sociedad más rica del Primer Mundo tolerar tal carga de desamparo y segregación en el corazón de sus ciudades. Así empecé a investigar la transformación del gueto afroamericano de los 60 a nuestros días. Luego vino el segundo shock: a comienzos de los 90 se produjo una epidemia de pánico en Europa por el eventual desarrollo de "guetos de immigrantes". Se temía una "americanización" de las metrópolis europeas, caracterizada por un círculo de pobreza, desesperación y violencia racial. Recuerdo en especial un artículo de Alain Touraine publicado en Le Figaro, donde decía que las ciudades francesas estaban tomando "el camino de Chicago". Esta afirmación, basada en vagas impresiones personales e imágenes mediáticas, me pareció científicamente inaceptable y políticamente irresponsable. Entonces decidí unir ambas investigaciones. Por un lado, avancé con mi estudio sobre la transformación del gueto a través de encuestas y trabajo de campo, así entré al dichoso gimnasio de box. Por otro, empecé a comparar la evolución del "cinturón negro" norteamericano (los restos del gueto negro histórico de las grandes metrópolis) con el "cinturón rojo" en Francia: esos barrios obreros de los suburbios, hoy en decadencia, convertidos en territorios de segregación urbana.

¿Qué conclusiones extrajo de comparar los casos norteamericano y francés?

Mi comparación iluminó, en primer lugar, una diferencia básica en el origen racial y político de la extrema pobreza en los EE.UU.: allí la exclusión urbana es producto de la conjunción de divisiones de casta e inequidad de clase, reforzadas por una política de restricción económica y reducción del bienestar sostenida por el Estado desde mediados de los 70. En estos años la pobreza se concentró aún más en el gueto negro porque los negros están en la intersección de tres fuerzas: el deterioro del trabajo a causa de la desindustrialización, la desregulación económica y el auge del empleo ocasional; la persistencia de una rígida segregación racial; y las políticas públicas que achicaron la red de protección social y, en su lugar, expandieron la red "barredora" de la Policía y la prisión, que es hoy en ese país el instrumento principal para tratar con los pobres. En síntesis, la miseria en el país más rico del planeta tiene dos raíces: una económica y la otra política. Ambas están muy vinculadas entre sí y amplificadas por dominaciones de casta que siguen separando a los afroamericanos del resto de la sociedad.

¿Esa diferencia en el origen es lo que impide hablar de una "americanización" de la pobreza en las ciudades europeas?

Exacto. Un segundo resultado de mi estudio consiste en mostrar que, contra la percepción media y los fáciles eslóganes políticos, las ciudades europeas y agregaría aquí también las ciudades argentinas no están desarrollando "guetos": sí es cierto que la miseria está creciendo en las periferias urbanas, se concentra cada vez más, se volvió más sistemática y amenazante. Y allí también una causa básica es la degradación del trabajo asalariado y el crecimiento del desempleo y el subempleo. Pero los "barrios de exiliados" en Europa no tienen la misma composición y función que el gueto norteamericano.

¿Cuál es la principal diferencia?

Primero, en estos barrios se mezclan nativos y extranjeros de los más diversos orígenes, de modo que son étnicamente heterogéneos, en tanto el gueto es homogéneo. Segundo, no albergan una red de instituciones paralelas que organizan las vidas cotidianas de sus residentes al margen de las instituciones de la sociedad que los rodea. Tercero, las personas son expulsadas hacia esos barrios debido sobre todo a su posición de clase, no tanto por razones de color o etnia. Es decir: esos barrios son antiguetos. Lo que no implica que sean mejores que los guetos: simplemente son diferentes y deben ser entendidos según su propia lógica.

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¿Por qué es tan importante para usted diferenciar al gueto del "antigueto"?

Déjeme darle un ejemplo: tanto en el gueto norteamericano como en la "banlieue" (barrio de la periferia) francesa ha habido un incremento de la violencia en las últimas dos décadas. Entonces uno podría decir: "esto pasa porque están volviéndose cada vez más parecidos. Ambos son guetos, e igualmente malos". Pero estaría perdiendo de vista que los mecanismos que alimentan la violencia son completamente diferentes en ambos casos: en los guetos de los EE.UU., la hostilidad y la agresión se deben a la creciente distancia social y económica entre el subproletariado negro y el resto de la sociedad. En la periferia de las ciudades francesas, la xenofobia y los incidentes racistas se originan en la creciente proximidad entre hijos de immigrantes e hijos de la clase obrera nativa que se siente amenazada por la competencia que representan estos ex-inmigrantes, en momentos en que su mundo está colapsando bajo la presión de la desindustrialización. En el caso de EE.UU. es el miedo al "otro" el que genera animosidad; en el caso francés, el temor surge porque el "otro" se está volviendo un "igual".

Sin embargo, sobre el final del libro usted señala un nuevo régimen de "marginalidad avanzada" que trasciende al gueto y al "antigueto" y que marca una nueva era en la historia de la pobreza urbana.

Efectivamente, yo argumento allí que hay un nuevo tipo de pobreza distinta de la miseria que conocimos en la era fordista-keynesiana de la expansión del crecimiento industrial y el Estado de Bienestar, entre 1945 y 1975. Primero, la pobreza ahora es producto no sólo de la falta de trabajo sino también de la abundancia de trabajo ocasional, inseguro, mal pago, lo que implica que no se puede esperar que se solucione sólo aumentando el empleo. Segundo, la pobreza urbana se concentró en territorios que están "desconectados" de las economías nacionales. Es decir: empeoran en tiempos de recesión económica pero no mejoran en tiempos de reactivación, porque los beneficios que alcanzan a los sectores con alta calificación y altos ingresos no llegan a los sectores más bajos de la escala. Tercero: en tanto estos últimos permanecen desempleados o empleados en condiciones indignas, pierden el sentido del bien común y los lazos afectivos con el lugar donde viven. Finalmente, a estos "parias urbanos" les falta un lenguaje colectivo para articular sus experiencias y reclamos, y esto agrava el desamparo. Antes decíamos "trabajadores" y englobábamos a una gran mayoría de los habitantes de los barrios pobres. Hoy sólo tenemos definiciones por la negativa: los "sin empleo", los "indocumentados", los "sin techo". Y esto muestra la falta de categorías para describir a estos grupos y construir un discurso que sea vehículo de sus reivindicaciones. Yo denomino a este régimen como de "marginalidad avanzada" porque no es una expresión de atraso: florece en forma paralela a los más avanzados sectores de la economía.

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¿Cuáles son las implicaciones de su análisis para las ciudades argentinas?

La Argentina, como otros países con cierta industrialización de Sudamérica (y también de Sudáfrica y de Asia) está enfrentando el peor escenario, porque se están desarrollando las dos formas de marginalidad urbana al mismo tiempo. La villa miseria del año 2000 no es la misma que la de 1970; hoy es una entidad híbrida, que padece a la vez la escasez del trabajo industrial al viejo estilo y la abundancia de los nuevos empleos precarios que no ofrecen un mínimo de estabilidad social. El espinoso dilema que esto crea es que toda política que reduzca un tipo de pobreza automáticamente incrementará el otro, y alimenta un doble descontento: el del pueblo y el de las élites del Estado, quienes, sin tomar en cuenta la ineficacia que han demostrado en otros países, insisten en implantar políticas que apuntan sólo a la contención punitiva de la miseria, justificada por un discurso que culpabiliza a los pobres por sus problemas. En todas partes, el siglo XXI parece un retorno al siglo XIX: la retórica victoriana que critica la "immoralidad" e "irresponsibilidad" de los pobres, y así disculpa y exime de responsabilidad colectiva a la clase política y a la burguesía transnacional que controla el destino del capitalismo desregulado.

En este libro usted señala los peligros que implican las políticas de "criminalización de la pobreza". ¿Qué significa exactamente criminalizar la pobreza?

Significa tratar la inseguridad social como si fuera meramente inseguridad física, y responder a los desórdenes urbanos y los conflictos generados por la pobreza persistente y la ausencia de un futuro viable mediante la Policía y el aparato penal del Estado. El reclamo de más Policía, de aumentar las penas por delitos leves, de "barrer" a los indeseables de las calles, de "tolerancia cero" o "mano dura", de endurecer de los regímenes de prisión, expresa un impulso por delegar en el sistema de justicia criminal el hacerse cargo de las consecuencias negativas de la desregulación de la economía y de la reducción de la protección social; en síntesis, intenta invisibilizar los problemas sociales creados por la sumisión a la dictadura del "libre mercado". La glorificación del Estado Penal sirve a un doble propósito económico: forzar al nuevo proletariado a aceptar empleos inseguros como su horizonte normal de vida y mandar a casa a los que están "de más", aquellos para quienes ya no hay horizonte dentro de la economía.

¿Y por qué cree que esa retórica contra los pobres es tan exitosa hoy en día? ¿Por qué el viejo estereotipo esencialista de que hay clases "naturalmente peligrosas" regresó y se difundió tan rápidamente?

Hoy está circulando un gran caudal de angustia social producto de la transformación del trabajo asalariado, la vivencia cada vez más habitual del desempleo como una experiencia de masas y transgeneracional, y la extensión a la categoría de normal de un tipo de trabajo precario, ocasional, mal pago. Esta "desocialización del trabajo" hace que ni siquiera las familias de clase media puedan sentirse seguras acerca de su futuro ni acerca de sus habilidades para transmitir su status social, cultural y económico a sus hijos. La inseguridad del trabajo determina una inestabilidad en la vida cotidiana que se traduce en un profundo sentimiento de temor, el cual a su turno se proyecta, desviado, sobre las figuras de los delincuentes callejeros, los "homeless", los inmigrantes ilegales, las minorías de color, que simbolizan el miedo a la decadencia social y al desamparo. Por eso nadie quiere ver a los sin techo pidiendo limosna en las calles: ellos nos recuerdan que, de hecho, "él podría ser yo". En la era del trabajo asalariado desocializado y de absoluta movilidad del capital, todos somos potenciales parias urbanos. Todos, excepto por supuesto aquellos que poseen el capital cultural necesario para competir por empleos de altísimo nivel, o el capital económico suficiente como para estar exentos de tener que vender su fuerza de trabajo para vivir. Aquí estamos de vuelta en la violenta división característica del capitalismo salvaje de la época de Marx, excepto porque ahora éste opera a escala verdaderamente global, por lo tanto no hay escapatoria de los estragos que provoca.

¿Es posible detener este proceso aparentemente irrefrenable hacia una sociedad polarizada, que genera a la vez abundancia y miseria, opulencia y abyección?

La sociología no es un inútil ejercicio intelectual, un "arte por el arte": es un instrumento para que los ciudadanos repiensen el mundo en vistas a intentar reformarlo y darle formas más humanas. Yo escribí este libro porque creo que existen reales posibilidades de resistir e incluso de modificar la dirección del proceso, evitar una mayor desregulación de la economía, un mayor desmantelamiento del Estado Social y una mayor expansión del Estado Penal. De hecho, estas tres tendencias están causal y funcionalmente unidas, y uno combate a una combatiendo a las demás. Pero para pelear, a nivel tanto nacional como internacional, primero hay que identificar al enemigo. Y esto hoy significa medir los inmensos costos sociales y humanos que supone realizar la utopía neoliberal del libre mercado.

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REFLEXIONES ACERCA DEL DELITO, LA PUNICIÓN Y
EL DELITO DE VIOLACIÓN

Autores:
Dr. Francisco M. Mugnolo- Abogado-Procurador Penitenciario. Argentina
Lic. Liliana B. Martínez- Psicóloga-Asesora de la Procuración Penitenciaria, Argentina

A partir de ciertas discusiones que se están generando en el escenario político y social de nuestro país es que decidimos compartir algunas ideas respecto del delito y los aumentos de las penas y más específicamente sobre el tratamiento del delito de violación.
Encontramos que ante una anacrónica concepción, que considera a las personas encarceladas como meros presos y a la privación de la libertad como un castigo que entrañará sufrimientos adicionales, existe otro punto de vista según el cual la prisión es un castigo suficientemente severo en sí mismo.
Esta segunda posición considera la necesidad de respetar los derechos específicos de las personas no obstante su condición de presos.
Digámoslo de otra manera: la necesidad de proteger la esfera jurídica de los ciudadanos respetuosos de la legalidad no puede manifestarse en limitaciones irrazonables de los derechos de quienes han tenido comportamientos contrarios a las leyes.
Surgen algunas preguntas: ¿cuál es el límite de la facultad punitiva del Estado? ¿la supremacía incondicionada de los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la legalidad puede legitimar todas las restricciones de los derechos de los detenidos?. Hay quienes así lo expresan cuando hablan de políticas de “mano dura ó de tolerancia cero”.
Posiciones de esta naturaleza son propias de los que predican un estado de guerra irracional contra el delito olvidándose que el criminal, la víctima y el hecho delictivo no pueden abordarse por fuera del marco del acontecer histórico-social.
Por lo tanto, si se quisiera afirmar la supremacía de la seguridad humana debiera luego admitirse que la exigencia que ello representa alcanza un campo mucho más amplio que aquél de la lucha contra la criminalidad; ya que comprende también y sobre todo, la lucha contra la marginación y la exclusión con el fin de que una sociedad permita la expresión de las potencialidades de los individuos que la componen.
La seguridad entendida en el sentido último implica la adecuación de las políticas penales concretas más que “al derecho a la seguridad” a “la seguridad de los derechos”. La seguridad, entonces, engarzada en el contexto general de una política integral de protección y satisfacción de los derechos humanos fundamentales deberá considerar al Derecho Penal y a las orientaciones en materia de prevención de los delitos como elementos subsidiarios y no esenciales de dichas políticas.
Se nos presenta una articulación inevitable: pobreza, delincuencia y políticas penales.

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En este sentido, la lucha contra el delito resultaría de la aplicación de políticas que ataquen la desocupación, implementando métodos policiales de prevención y promoviendo la cooperación comunitaria.
Estos métodos han tenido resultados más exitosos en algunos países, como los Estados Unidos, que la “tolerancia cero”.
Las políticas de mano dura aprovechan las percepciones sociales para establecerse; hay que reconocer que el pánico de la gente vinculado a la inseguridad juega un papel preponderante en la implementación de políticas de mano dura.
La “mano dura” no disuade a los violentos pero aumenta los niveles de miedo y desesperación de las víctimas.
Se podría concluir, de manera simplista y efectista que con cien mil policías, patrullas en cada esquina y carta blanca para militarizar los barrios pobres se reduciría el crimen en un día.
La cuestión es si nos importa que los medios para reducir la criminalidad minen los principios democráticos sobre los que se basa la sociedad ó no.
Porque una vez que se ponen en marcha los sistemas represivos nada garantiza que no se extiendan de los pobres marginales, a la clase trabajadora y luego a la clase media.
Tenemos experiencia, una muy dolorosa en nuestro país, sobre los efectos del quebrantamiento de los valores democráticos mediante la utilización de la arbitrariedad.
Cabe mencionar, que la impunidad que atraviesa a las instituciones en nuestro país también implica el quebrantamiento de los valores democráticos.
Las políticas de mano dura no son una respuesta adecuada para solucionar el problema de la impunidad sino que responden de manera elusiva; eluden lo estructural.
Es en el marco de estas concepciones contradictorias y engañosas que se viene discutiendo el tratamiento de los delitos de violación en las esferas políticas y en los medios de comunicación.
Resulta necesario pensar acerca de estos delitos desde una perspectiva que contemple nuestra historia y nuestras prácticas sociales.
Si bien es cierto que algunos de los actores sociales que opinan sobre el tema adhieren a una perspectiva genética desde la que se sostiene que hay personas que nacen falladas y se transforman en seres execrables, mientras que otras son perfectas y buenas.
Sabemos que no se trata de adscribir a planteos ingenuos ó cargados de religiosidad en términos de redención; hay personas de las que no se podrá esperar otra cosa más que lo que son; pero hay que saber que esto es parte de lo humano.
Lo que queremos decir es que no nos parece posible pensar el fenómeno delictivo y, en particular, el de los violadores sin considerar las marcas de la historia personal inscripta en la historia social; como trama que se articula.
Un abordaje psico-social del tema nos lleva a desgranar algunos conceptos que entendemos hay que considerar en estos ámbitos penales. Como por ejemplo que las patologías psicológicas articuladas a los delitos no son pasibles de pronósticos evolutivos infalibles.
Tendremos que partir de la aceptación de una opacidad u oscurantismo estructural respecto de las predicciones ó pronósticos de las conductas sexuales, en realidad de las conductas humanas. No hay “la verdad”.
No hay una verdad absoluta y no hay técnica que pueda dar cuenta de un saber absoluto sobre estas problemáticas.
Lo cual no significa que no se pueda ó no se deba realizar algún tipo de intervención durante el tiempo de claustración.
Las intervenciones a realizar deberán apuntar a posibilitar la evaluación de la singularidad de cada caso; la singularidad de quién ha llevado a cabo ese acto.

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Porque no hay “todos los violadores”, hay cada caso. Lo que hay es cómo se inscribe ese pasaje al acto para cada quien y cómo se interpreta ese antes del acto y ese después del acto.
Es necesario señalar que el encierro en algunos casos puede operar circunscribiendo esa compulsión al acto; es frecuente que los violadores sean “buenos presos” porque son sumisos y adoptan una posición pasiva durante el encierro aceptando y ajustándose a las reglas del juego imperantes.
Circunscribir no quiere decir modificar.
El tiempo del encierro deberá ser un tiempo para llevar a cabo un adecuado diagnóstico individual a partir del cual se organizará el tratamiento interdisciplinario que apuntará a producir algún cambio subjetivo para posibilitar una diferente inclusión social del detenido al recuperar su libertad.
Resulta obvio que no es lo mismo el delito de violación que el de homicidio como resultado de un acto previo de violación ni el delito de violación en el marco de otras transgresiones legales como el robo ó el tráfico de drogas.
En este sentido, que las intervenciones puedan producir algún cambio tendrá que ver con el tenor de la complejidad psíquica; cuanto mayor es la degradación del sujeto mayor será la dificultad para producir modificaciones subjetivas.
Retorna la opacidad respecto de los resultados. Entonces ó se maniobra con esta opacidad ó se encierra a todos los violadores de por vida para sacarlos de circulación y garantizar la no repetición de sus actos aberrantes. El encierro de por vida implica una decisión política y ética frente al tema.
Cabe aclarar, que los violadores pueden responder a diversas estructuras psicológicas: débiles mentales, psicóticos y perversos.
El consumo de drogas puede agravar la compulsión a realizar determinados actos.
Entonces, podría haber “inimputabilidad”, “adicciones”, ó “racionalidad y planificación ”, podría haber distintas versiones respecto de este delito.
Sabemos que todo acto que quede del lado de la responsabilidad del sujeto es más “saludable” que aquél que lo transforma en inimputable.
No podemos desconocer que vivimos en un mundo en el que se estimula el abuso de unos sobre otros. Es un mundo en el que se han subvertido los ideales comunitarios y se han intensificados las relaciones omnipotentes de poder.
Estas modalidades de poder se ejercen en la violencia sexual y con víctimas indefensas, se busca el sometimiento.
Estos hechos producen en la sociedad una tremenda angustia e impotencia, desbaratando todo razonamiento y sumiendo a la gente en lógicas extremas y generalizables.
Al igual que el reclamo de “que se vayan todos”, dirigido a los políticos durante la crisis del 2001, aparece frente a estos actos el reclamo de “pena de muerte”, de“castración química”y de “encierro de por vida”.
Una de las características del malestar en la cultura actual es la pérdida de registro del semejante y la degradación de la propia subjetividad que han producido la desaparición de los diques que controlaban el ejercicio del goce.
El respeto es un valor social que funciona como dique ante la trasgresión. Respeto a sí mismo, al otro y a la ley.
Desconocimiento y desprecio por el semejante se expresa en las formas delictivas imperantes.
Habría que pensar si las políticas de “mano dura” no reproducen este esquema de arrasamiento del semejante en tanto sostenimiento de la díada “sometedor-sometido” en el marco de relaciones de poder omnipotente.
Llama nuestra atención que se ponga el énfasis sólo en el agravamiento de las penas y no en el tratamiento posible durante la privación de la libertad.
La ley establece que la cárcel tiene como objetivo último promover la integración del individuo a la sociedad, lo cual será probable en la medida que se otorguen herramientas que se trasformen en nuevos recursos personales.
No se debe pensar el delito sólo desde la perspectiva del cumplimiento de la pena, se debe considerar otro momento crucial que es la salida de la cárcel ese tránsito hacia la libertad y lo post-penitenciario.
Pero fundamentalmente se debe pensar el delito en términos de prevención; en este sentido consideramos que el gran esfuerzo debe estar orientado hacia la prevención primaria, el trabajo social, educativo y sanitario que posibilite a las personas construir un rumbo dentro de la legalidad.
Concluiremos diciendo que ni el aumento de punición, ni el encierro de por vida ni las ilusiones predictivas de control se nos presentan como el camino que organice ese rumbo de inclusión social.

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RECORTES DE PRENSA

13/05/2004
AMÉRICA/EE.UU.
JUSTICIA
NYT
Cerca del 10% de los detenidos está cumpliendo una pena de cadena perpetua. Casi 5.000 de ellos, un 4% está en la cárcel de por vida por delitos relacionados con la droga, especialmente porque la ley californiana impone que a la tercera condena se aplique una pena que oscila entre 25 años y la cadena perpetua

Plantean liberar a reos y abaratar los penales
Fecha: May 24, 2004
Fuente: El Norte,Por David Vicenteño, Monterrey, México

MÉXICO.- Disminuir la sobrepoblación en las cárceles y ahorrar en gastos de penitenciarías son algunos de los objetivos de la propuesta que impulsa el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero.El proyecto incluye promover la readaptación social de los presos a partir del trabajo comunitario y productivo, lograr ahorros por más de 4 mil 600 millones de pesos al año e incluso crear un fondo para reparar daños causados por delincuentes.El Programa Carcelario Nacional propuesto, y que se encuentra en etapa de consulta entre los Gobiernos estatales, plantea la liberación de 12 mil detenidos por delitos patrimoniales menores a 8 mil pesos y cuyas sentencias serían canjeadas por horas de trabajo comunitario.Prevé también un programa de cárcel abierta para los 73 mil sentenciados por delitos no graves, quienes cubrirían sus gastos de manutención y, además, prisiones de mediana seguridad para los 93 mil presos clasificados como reincidentes y que trabajarían para reparar el daño causado.De no adoptarse esas medidas, advirtió Gertz en entrevista, se tendrían que invertir 43 mil millones de pesos y construir 60 cárceles más en el País de aquí al fin del sexenio, sin la garantía de abatir la sobrepoblación en los penales."Nosotros podemos comenzar en cualquier momento. Tenemos dos proyectos de ley para que en los códigos penales estatales se establezca un criterio único que funcione en todo el País", señaló."Tenemos todo el estudio estructural de las cárceles locales para acomodar esto en el camino", agregó, "pero se necesita tomar una decisión en la que todos tenemos que participar y hacer un esfuerzo común".

El sistema carcelario nacional está compuesto por 449 prisiones federales, estatales y municipales, con capacidad para alojar a 147 mil 872 internos.Para enero del 2004 se tenía una población de 184 mil 721 reclusos, es decir, estaban casi 25 por ciento por encima de su capacidad, de acuerdo con datos de la SSP.Gertz explicó que en México se comenten aproximadamente 4 millones de delitos al año, el 90 por ciento patrimoniales, de los cuales sólo se presentan denuncias en 1.5 millones de casos.De esta última cifra, dijo, menos del 10 por ciento de los casos se consigna a las autoridades, y de ellos la mitad son con detenido, lo que hace que sólo lleguen a prisión aproximadamente 75 mil personas al año."La justicia de barandilla consiste en resolver un proceso penal en forma inmediata, 72 horas", dijo Gertz. "Lo que la víctima desea y reclama cuando le roban en su casa, en su coche, en su comercio, es la reparación del daño".Los fondos destinados a la reparación del daño a víctimas serían obtenidos de los decomisos a narcotraficantes y contrabandistas, agregó. La propuesta federal también plantea la creación de un programa de cárceles abiertas, de mediana y alta seguridad, que busca que los internos participen en programas de trabajo en beneficio de la comunidad."Los vamos a sacar a hacer trabajo comunitario, de apoyo a la infraestructura municipal en las áreas donde están detenidos".Para los internos clasificados como de alta peligrosidad, la Federación requiere de ocho cárceles, actualmente tiene tres, por lo que propone administrar cinco prisiones estatales para este objetivo.
El sistema ideal
El Gobierno federal plantea cuatro puntos esenciales para reducir la población carcelaria en el País:
1 Programa de Justicia Cívica: Justicia de Barandilla
Los internos por delitos de carácter patrimonial menor a 8 mil pesos, primodelincuentes y de baja peligrosidad podrán evitar la prisión y resarcir el daño con trabajo a favor de la comunidad.
2 Programa de Cárcel Abierta:
Los primodelincuentes e infractores de delitos menores y baja peligrosidad podrán purgar su condena en libertad realizando trabajos comunitarios para reparar el daño a las víctimas, lo que permitirá un ahorro de casi 40 mil millones de pesos al año
3 Cárceles de Mediana Seguridad:
Los presos clasificados como reincidentes o que su delito amerite segregación total serían incorporados al sistema de industria carcelaria, lo que permitirá la autosuficiencia de estas prisiones con la fabricación de pinturas, sábanas, postes de luz y un ahorro del 50 por ciento del costo de operación.
4 Programa de Cárceles de Alta Seguridad
Los internos de alta peligrosidad regionales serían reubicados en ocho prisiones, de las que ya se tienen tres, lo que permitiría la vigilancia federalde los reclusos y un ahorro del 20 por ciento del costo de operación anual. El objetivo es reducir la población carcelaria 12 por ciento, auspiciar programas de desarrollo social y ahorrar 657 millones de pesos anuales.
Delitos menores: 12 mil presos
De mediana peligrosidad: 95 mil
De baja peligrosidad: 73 mil
De alta peligrosidad: 5 mil presos

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Padecen estados hacinamiento: Sugieren en Chiapas sanciones alternativas
Fecha: May 24, 2004
Fuente: Reforma. Por María Teresa del Riego, México

San Cristóbal De Las Casas.- El sistema de sanciones debe ser modificado e implementarse un programa de penas alternativas para reducir la sobrepoblación en las cárceles del estado y el País, planteó el coordinador de Prevención y Readaptación Social estatal, Ovidio Suasnávar. Advirtió que si el sistema se mantiene, ninguna infraestructura penitenciaria será suficiente para albergar a los presos que hay en México. "Tenemos que dar alternativas al sistema de aplicación de sanciones y replantearnos qué delitos son realmente graves para tenerlos (a los responsables) en reclusión, y cuáles pueden tener otro tratamiento", dijo. Sostuvo que una alternativa para las faltas no graves puede ser el trabajo comunitario, y recordó que en países como Estados Unidos, Francia y Alemania, e incluso en las comunidades indígenas mexicanas, algunas penas pueden pagarse con servicio a la comunidad. Alertó que la sobrepoblación es un obstáculo para la readaptación social de los internos, porque "hace el proceso más lento".

Según Ovidio Suasnávar, en los 14 penales de Chiapas existe una sobrepoblación de entre 97 y 99 por ciento.

Hasta el 12 de mayo, había en Chiapas 5 mil 766 personas recluidas en instalaciones carcelarias hechas para albergar a 3 mil 500.

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Padecen estados hacinamiento: Saturan migrantes penales de Edomex
Fecha: May 24, 2004
Fuente: Reforma. Por Inti Varga, México

Toluca.- En las 20 cárceles del Estado de México viven unos 15 mil reclusos, que son casi el doble de los 8 mil 400 para los que tienen capacidad, informó Guillermo Andrade, director de Prevención y Readaptación Social. "Son internos venidos de otros estados, sólo el 30 por ciento son del estado. Lo mismo nos sucede en educación, salud, se nos queda el problema y lo que no tenemos es la comprensión del Gobierno federal", dijo en entrevista. Dijo que Barrientos es el penal con más hacinamiento, pues se construyó para 400 y tienen a 2 mil 400. "El de Neza se construyó para mil y tenemos ahora 2 mil personas. También están sobrepoblados los pequeños, como Cuautitlán, con capacidad para 150 y ahora tiene una población mayor a los 400", detalló.

Admitió que el incremento de presos demanda mayor seguridad, pero el gasto asignado no es suficiente para contratar más custodios. El funcionario adelantó que planean la construcción de cuatro nuevas prisiones operadas por la iniciativa privada y reformas al Código Penal para agilizar la liberación del reo cuando el delito no es grave.

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Padecen estados hacinamiento: Advierten en Sonora sobre riesgo de motines
Fecha: May 24, 2004
Fuente: Reforma. Por Haydeé Ramírez, México

Hermosillo.- Los 11 penales que tiene Sonora enfrentan una sobrepoblación superior al 100 por ciento, que tiene preocupadas a las autoridades ante el riesgo de riñas, motines y fugas. El secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Horacio Valenzuela, explicó que en la entidad hay 12 mil 800 internos, que sobrepasan la capacidad de 6 mil espacios. "El sobrecupo, que al día de hoy alcanza el 108 por ciento y eso limita en mucho mejorar las instalaciones", dijo. Sonora es utilizado como "corredor" para el paso de droga hacia Estados Unidos, por ello son frecuentes las detenciones de personas relacionadas con el tráfico o posesión de droga, lo que ha saturado las cárceles.

Ante la falta de espacios en los Centros de Readaptación Social, algunas cárceles públicas también sufren la sobrepoblación, como la de Navojoa, con una capacidad para 160 internos y que actualmente cuenta con 295. "Hay riñas, hay problemas internos, todavía hay privilegios, por lo que tenemos que estar muy abusados, nomás nos encomendamos a Dios", dijo un custodio.

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Urge especialista a la readaptación de los prisioneros
Fecha: May 24, 2004
Fuente: El Norte, Monterrey. Por David Vicenteño, EL NORTE / México

MÉXICO.- La tendencia mundial en materia social es castigar con menos años de prisión, buscar la reparación del daño a las víctimas y sustitutivos a las sentencias, como el trabajo comunitario, afirmó José Luis Musi, especialista en materia penitenciaria. Musi urgió a la aprobación de proyectos legales que apliquen esas medidas en materia de readaptación social, tal como la que está planteando el Gobierno federal. "Las Naciones Unidas, la posición en todo el mundo, es pugnar por menos años de prisión, que cada vez sean menos los individuos en la cárcel, es decir que sea utilizada en delitos graves, es urgente una reforma de este tipo. "La idea (del Gobierno federal) es estupenda, pero me da temor el saber que no hemos podido mejorar la calidad y calidez del Ministerio Público hacia los ciudadanos, principalmente hacia las víctimas", comentó Musi.

El ex director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación en la década de los 80 reconoció que una iniciativa similar a la que está planteando ahora el titular de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz, se frustró porque no reglamentó su aplicación. "Sucedió que la autoridad ejecutora de sentencias debía promoverlo ante un escrito al Juzgado, yo era director de Prevención y Readaptación Social de Segob, y tuvimos que enseñarle a los jueces. "Buscábamos a dónde íbamos a colocar a los sentenciados y quién iba a cuidarlos para que no evadieran la acción de la justicia", comentó, "ahora hay que regularlo para que los beneficiados trabajen". Advirtió que de ser aprobada la iniciativa federal en materia de justicia de barandilla y trabajo en favor de la comunidad e industria penitenciaria, se deberá tener en claro el costo de operación de un nuevo sistema.

Dijo que lo más importante será cambiar la mentalidad de los funcionarios de los órganos encargados de la procuración de justicia, el Ministerio Público y del Poder Judicial. "Lo importante es que se tengan los recursos humanos, financieros y materiales. Pero además deberá de cambiar la actitud del Ministerio Público, porque de la mentalidad persecutora a la componedora hay una distancia muy grande, se tienen que preparar", explicó. Otro trabajo, señaló, será lograr que las autoridades logren equilibrar las teorías actuales en materia de persecución de delitos y de ejecución de sentencias.

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29/05/2004
AMÉRICA/EE.UU.
JUSTICIA
WATERTOWN DAILY TIMES
La población penitenciaria ha alcanzado, gracias a la guerra contra la droga, 2,1 millones de detenidos, es decir, 715 cada 100.000 habitantes. Hay 116 detenidos por cada 100.000 habitantes en Canadá, 169 en Méjico y 143 en Gran Bretaña. Sin embargo, el ministro de justicia John Ashcroft considera que cuantos más criminales haya en la cárcel mayor seguridad habrá en las calles

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